Mucho ruido ha suscitado la convocatoria del presidente Petro a una consulta popular para que los colombianos respondan sí o no a 12 preguntas sobre temas laborales. No es el primer presidente que usa un mecanismo de participación ciudadana. Lo hicieron Álvaro Uribe, con su Referendo Constitucional en el 2003 que contemplaba 15 preguntas de las cuales solo una fue aprobada y las otras 14 declaradas nulas por el bajo número de votantes. Juan Manuel Santos convocó en el 2016 al plebiscito por la paz para preguntar si se apoyaba el acuerdo Gobierno-Farc, en el que ganó el no, pero finalmente ignoró el resultado y firmó el acuerdo.
Todas son figuras avaladas en la Constitución, que deben cumplir requisitos y sobre eso es lo que hay que estar vigilantes. Primero, la consulta debe ir al Senado para que la apruebe, al menos con 53 de los 105 votos posibles. Si esto no sucede, se cae. De ser aprobada, pasa a los ciudadanos, y cada una de las preguntas debe tener una participación en votos de al menos 13.6 millones, muy por encima de los 11.2 millones de votos con los que Petro fue elegido. No hay por qué generar falsas alarmas frente a esta figura, cuyos resultados obedecen al querer de los colombianos, porque incluso abstenerse de votar es también una posibilidad.
Si hay consulta, los votantes deberán informarse muy bien y ser conscientes de lo que representará decirle sí a las 12 preguntas, que son el desglose de la reforma laboral hundida en el Senado. Es casi imposible contestar no a cualquiera. Quién no quiere que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo; que se elimine la tercerización e intermediación laboral; que los trabajadores informales sean formalizados; que haya estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido. Son anhelos obvios, pero ¿qué tanto pueden ser realizables la mayoría de estas propuestas sin afectar la economía?
Es lo que han advertido los gremios, porque ponerlas en marcha llevará a que se pierdan empleos (unos 450 mil, según el BanRepública) y a que aumente la informalidad laboral. ¿Por qué? Las empresas que trabajan en horario nocturno, las que deben pagar dominicales y festivos se verían afectadas por el incremento de los costos laborales hasta en un 30%. Golpearía a micro, pequeñas y medianas empresas en donde están tiendas, panaderías, cafeterías, almacenes, alojamientos, restaurantes, bares, discotecas; empresas de logística, de transporte y de seguridad privada, entre otras que son las que generan el 33% del empleo del país.

Colombia no reúne las condiciones para asumir los 12 cambios de esta consulta, que está pensada para un país boyante y con sus problemas fiscales y sociales resueltos. Hay algunos puntos que se pueden desarrollar sin necesidad de llevarlos a consulta, ni que golpeen el sector productivo nacional; pero la mayoría, como también dicen los gremios, empujaría a los empresarios a tener que reducir nómina, dejar de contratar personal, automatizar procesos o trasladar este costo laboral a los precios de sus productos y servicios y vendrá un efecto inflacionario. No se puede tapar un hueco para abrir otro más grande en el país.