Ya son muchas las alertas por inundaciones ocurridas en Supía, pero el Gobierno nacional nada que toma cartas en el asunto a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como se le viene pidiendo desde el 2023, porque definitivamente blindar este municipio frente a este riesgo con obras ya identificadas e incluso con estudios hechos desborda las capacidades financieras de la Alcaldía. Solo no puede hacer, como tampoco es capaz la Gobernación de Caldas. Pueda ser que después de tantas advertencias con inundaciones vividas, unas más graves que otras, la fuerza de la naturaleza no se manifieste con mayor rigor y cause allí una grave tragedia.
Supía fue construido bordeando el río que lleva el mismo nombre y las alcaldías fueron permitiendo que su expansión se diera muy cerca al cauce hasta encontrar hoy, a lado y lado, viviendas y cultivos; además de que lo atraviesan quebradas como Grande y Rapao que también han causado inundaciones. El 3 de septiembre del 2022 por el desbordamiento de todos estos afluentes una mujer fue arrasada por la corriente del río y falleció, hubo 3 mil personas afectadas, 1.200 familias damnificadas; 3 puentes colapsados, las viviendas de unos 11 barrios tuvieron daños y pérdidas materiales al quedar todo cubierto por el lodo, hasta las calles. A muchos les tocó empezar de cero.
En una actitud indolente, la UNGRD no ha querido escuchar durante estos 2 años y 7 meses el clamor de los habitantes y de las autoridades, aunque el riesgo de inundación se mantiene vigente. Son varias las que le han seguido, la última fue el pasado lunes en la noche en una zona que también sufrió con la emergencia del 2022. Esta vez, intensos aguaceros dejaron por lo menos 17 familias afectadas, aunque el censo oficial no culmina todavía, pero con seguridad fue un hecho que volvió a afectar a muchas familias que en cada lluvia no pueden sentir algo diferente a mucho temor.
Ni siquiera ha sido posible obtener soluciones por la vía judicial. Hace un año el Tribunal Administrativo de Caldas falló una acción popular promovida por la Personería de Supía en defensa de derechos colectivos de los afectados. Ordenó a la UNGRD, a Corpocaldas y a la Gobernación realizar las obras en 18 meses, pero el fallo fue apelado y pasó al Consejo de Estado para que resuelva en segunda instancia. Es muy complejo que las entidades nacionales que despachan desde Bogotá tomen estas solicitudes como si nada grave estuviera ocurriendo, mientras esta población en Caldas tiene que seguir viviendo al pie del riesgo, especialmente en épocas de lluvias fuertes.

Por tratarse de una situación tan delicada, que lleva tanto tiempo esperando sin respuestas efectivas y que está comprometiendo la vida y seguridad de muchas personas, las obras de mitigación del riesgo en Supía deberían tener un carácter de urgencia en lo administrativo y en lo jurídico para resolverlo lo más pronto posible. No da más esperas. La solución no puede seguir siendo construir algunos jarillones a orillas del río o descolmatar (retirar sedimentos y materiales sólidos) los afluentes. Si la intención es proteger a la población, urbana y rural, lo que debe venir para Supía son las obras definitivas.