Muy grave para la seguridad nacional que el Gobierno Petro insista en mantener el Decreto 0448 del 17 de abril con el que ordenó a la Fuerza Pública suspender durante 30 días las operaciones militares ofensivas del Ejército y los operativos especiales de la Policía, únicamente contra las disidencias de las Farc pertenecientes al grupo comandado por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá. El argumento que esgrimió el ministro de Defensa, general del Ejército retirado Pedro Sánchez, en ese momento fue que con ello buscaban facilitar la concentración de las disidencias para avanzar hacia la paz en mesas de diálogo y transformar los territorios
Este decreto le pide a la Fuerza Pública garantizar las condiciones de seguridad y la logística necesarias para que el Bloque Magdalena Medio comandante Gentil Duarte pueda movilizarse hacia el Catatumbo; aunque el Gobierno aclaró que esto se haría “sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de preservar la integridad del territorio nacional”. No es lógico que en un país tan crispado como este, y después del ataque en el Guaviare de estas disidencias de las Farc al mando de Calarcá a una patrulla del Batallón de Infantería N.º 19 que dejó 9 soldados asesinados y unos 10 secuestrados, no se levante este decreto.
Cómo puede el Gobierno seguir confiando en la buena voluntad de Calarcá, cuando el año pasado fue capturado en flagrancia por vías de Antioquia mientras se movilizaba en carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) portando armas y municiones, pero que el propio Gobierno optó por dejarlo libre. Por encima de la vida de nuestros soldados y de civiles no puede estar la intención de la paz total, que no ha tenido ningún resultado positivo hasta ahora porque los grupos armados ilegales no han actuado conforme a las manifestaciones hechas de voluntad de paz.
Es lamentable que el presidente Petro solo salga a anunciar que creará una comisión independiente para investigar estos hechos, incrédulo de la autoría de los violentos. Es una manera de mantenerse congraciado con estas disidencias sostener el beneficio de cero operaciones militares, mientras la Fuerza Pública se tiene que quedar cruzada de brazos en una zona tan compleja como el Catatumbo, que en enero de este año fue foco de la tragedia humanitaria más grave del presente siglo con decenas de muertos, heridos, miles de desplazados y confinados; todo por la lucha para mantener el liderazgo del negocio del narcotráfico entre las disidencias de las Farc y el Eln. Con razón algunos políticos han dicho que entregar el Catatumbo es convertirlo en otro Caguán, en otra zona de distensión, dejando expuesta a la población a nuevos escenarios de violencia.
El presidente Petro debería escuchar el llamado que le han hecho alcaldes, gobernadores y políticos para que les permita al Ejército y a la Policía realizar sus operativos contra Calarcá y su gente y mantener el control de estas zonas como están obligados además contra grupos como las disidencias de Iván Mordisco, también de las Farc; el Eln y el Clan del Golfo que han acrecentado sus ataques contra los uniformados. Sobre todo, es deber del Gobierno nacional brindarles las garantías a la Fuerza Pública necesarias para actuar, no desprotegiéndolos como lo está haciendo.
