De apacibles, hasta hace unas décadas, las ciudades en Colombia pasaron a ser excesivamente ruidosas. Hoy son causantes de enfermedades, desde mentales hasta físicas, para quienes no pueden conciliar el sueño ni desarrollar sus actividades como consecuencia del exceso de decibelios en los establecimientos comerciales, en las calles y de los vehículos. Se espera que la Ley contra el Ruido, que aprobó el Congreso de la República, sí empiece a resolver los problemas que tantos llevan años padeciendo, y que el Gobierno nacional y en los municipios los alcaldes se comprometan a hacerla cumplir.
Un caso en Manizales es el del barrio Milán, que hace nueve años comenzó a perder su vocación residencial y pasó a albergar primero un comercio gastronómico, y con el tiempo y las administraciones municipales se fueron permitiendo otros usos de alto impacto como bares, gastrobares y discotecas que hoy no dejan tranquilos a los que allí todavía viven. Ha sido una infructuosa lucha entre habitantes y comerciantes, cada uno defendiendo posiciones e intereses, así la Alcaldía haya mediado para que los locatarios hagan la insonorización requerida. La gente sigue sin poder dormir y esto trae otros problemas conexos como la inseguridad.
Cuando esta Ley contra el Ruido la firme el presidente Gustavo Petro se endurecerán las multas por alterar la tranquilidad con el ruido excesivo, de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes pasa a 16; es decir, $20 millones 800 mil a valores de hoy. Las sanciones se extenderán a sectores urbanos y rurales, porque en estos últimos también se escuchan excesos y hay contaminación auditiva, como sucede en Santágueda, vereda de Palestina. El ruido se ha convertido en un problema que ni siquiera la Policía, que acude a atender las quejas ciudadanas, logra mitigar. Cuando termina un procedimiento en el que ha pedido bajar el volumen, los bullosos vuelven a subirlo, muchas veces más fuerte en retaliación de los quejosos.
La nueva Ley concede un año para que el Departamento Nacional de Planeación; los ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, y el Ideam expidan una política de calidad acústica que armonice 17 normas nacionales que hoy están dispersas en leyes, resoluciones y decretos. El Minambiente tendrá un año y medio para revisar los niveles máximos de ruido en el país y actualizar la reglamentación, incluyendo parámetros de contaminación acústica, mapas de ruido y definición de zonas saturadas por ruido, que exigirán medidas especiales. Las alcaldías de municipios con más de 100 mil habitantes tendrán un año y medio para elaborar un plan de acción para la gestión del ruido.
Un estudio de percepción de seguridad del Ministerio del Interior encontró que el ruido es el segundo problema que más genera violencia en los barrios. No se puede olvidar que somos parte de una cultura ruidosa, que escoge el bullicio y la algarabía para casi todas sus actividades, por eso la responsabilidad también es individual. Importante sería empezar por bajar el volumen de la voz para irles enseñando a los niños que no es con gritos como las personas se hacen escuchar. Por eso se requiere también de campañas de educación contra el ruido que les devuelvan la tranquilidad a las ciudades y a los campos.
