Un factor indispensable para alcanzar progreso, competitividad, desarrollo, crecimiento es la seguridad. Los países más seguros son los que cuidan de ella como un bien esencial, los que la garantizan con estrategias y además no escatiman recursos para preservarla. Son países convencidos de que cuando hay seguridad el resultado es que se brinda una mejor calidad de vida a los habitantes y por eso no se olvidan de que debe ser una prioridad. Con mucho pesar hay que decirlo, pero Colombia no ha hecho grandes esfuerzos bajo el Gobierno del presidente Petro para lograrlo.
Los tres meses transcurridos de este 2025 han sido críticos para la seguridad nacional, con hechos tan graves que están llevando a retroceder décadas. Nos estamos devolviendo a los tiempos de la violencia por el actuar no solo de las guerrillas del M-19, las Farc, el Eln, el Epl; el paramilitarismo, sino también de los carteles del narcotráfico, hoy convertidos todos en un mismo bloque de negocios ilegales que están asestando golpes en diversos lugares de la geografía nacional por la pelea de territorios en los que tienen los cultivos ilícitos y prácticas ilícitas, personas bajo su control para la producción y por los que se movilizan para continuar hacia otros países.
No son hechos súbitos, venían en ebullición desde hace varios años en los que el Gobierno tomó una posición bastante relajada convencido del futuro de su política de Paz Total, que no logró, y ahora se están viendo las consecuencias a pesar de que fueron muchos los que lo advirtieron. Dos meses después de la tragedia humanitaria en el Catatumbo y de decretar el estado de conmoción interior con puesta en marcha de algunas medidas de atención humanitaria, continúan el conflicto y los ataques a la población en esa zona y en otras de Norte de Santander. Pero también hay fuertes brotes de inseguridad y violencia contra la sociedad civil en Arauca, Cauca, Chocó y Nariño.
Estas últimas semanas se conocieron enfrentamientos en Buenaventura, como parte de la afectación en el Valle del Cauca, que obedece a choques entre dos bandas criminales, Shottas y Espartanos, que habían entrado en una tregua dentro de la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, pero que al pasar el tiempo y no expedir una ley que les ofreciera opciones jurídicas, volvieron a las disputas. No es fácil la situación en el puerto de Buenaventura, que no es ajeno a Caldas ya que por allí también se realizan operaciones comerciales, además de ser una zona turística que se debería estar protegiendo. La violencia ha obligado a cerrar unos 200 establecimientos y la gente tiene miedo de salir a las calles porque en tres meses se han registrado 50 homicidios y muchas personas han tenido que huir por amenazas.

No se pueden escatimar esfuerzos para recuperar la seguridad en Colombia. Los alcaldes, los gobernadores, pero sobre todo el presidente y su equipo de Gobierno deben poner en ejecución soluciones para estos departamentos afectados, que en primer lugar pongan en el frente a la Fuerza Pública, sin dudarlo; dotada y fortalecida para cumplir con la función constitucional de garantizar seguridad y mantener el orden en todo el territorio nacional, haciéndole frente a los violentos. Que luego venga lo demás.