Detrás de cada problema con los servicios de salud en Colombia hay miles de personas que están viendo su vida comprometida. Es perentorio que el Gobierno nacional baje la guardia, actúe a favor y no siga anteponiendo criterios ideológicos sobre las necesidades urgentes que están teniendo los colombianos a raíz de los líos, en su mayoría por altas deudas sin cancelar, de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Muy insensato si es como muchos sectores señalan, que se busca valerse de una situación provocada de desequilibrio y desfinanciamiento de las EPS y las IPS, para justificar una reforma total del sistema de salud, y que no hay otra salida posible. Los colombianos esperamos que no sea así y que los que están equivocados sean los que exponen estos argumentos. Recordar que antes de que se iniciaran las intervenciones de EPS, el propio presidente, Gustavo Petro, mencionó en entrevista el famoso “Chuchuchú”, para representar la forma como iban a empezar a caer, una tras otra, las EPS.
El caso más reciente en Caldas es con el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, que desde la semana pasada decidió a través de su Gerencia cerrarle tres servicios vitales a los usuarios de la Nueva EPS: consulta externa, cirugía ambulatoria y apoyo de imágenes diagnósticas. El motivo es que la Empresa, que en la actualidad es de las EPS con mayor número de afiliados en Caldas, tanto en régimen Contributivo como en el Subsidiado, le adeuda a este Hospital Departamental $16 mil millones por servicios ya prestados.
Las opciones expuestas de pago son irrisorias. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) le anunció a Santa Sofía que del total que reclama recibiría $7 millones 286 mil, cifra que ni siquiera alcanza para pagar el salario mensual de un médico que no es especialista. Con toda razón el centro asistencial reaccionó calificando de burlesca esta propuesta e indicó que eso termina vulnerando más el derecho fundamental a la salud de los caldenses, ya que allí llegan buena parte de los casos más complejos, de personas que no tienen cómo ser atendidas en los hospitales de los municipios. Santa Sofía no encuentra explicación para que, si antes la Nueva EPS le giraba un promedio de $3 mil millones al mes, haya pasado a pagarle $39 millones, aún con una deuda más alta.
Se vuelve tan difícil lidiar una situación como esta para un hospital o para cualquier otra IPS, que por ejemplo Santa Sofía, al no disponer de recursos suficientes para cancelar nómina y proveedores, suspendió también para las demás aseguradoras los servicios de cirugía vascular periférica, cirugía cardiovascular y cirugía de mano. La Nueva EPS es una de las empresas intervenidas por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia Nacional de Salud, pero claramente no ha sido efectivo su manejo a través de interventores y lo que se está demostrando es que el Estado, solo, no tiene la capacidad para administrar la salud desde lo público; debe ser un servicio mixto, como venía operando y sin tropiezos tan graves para la vida de los usuarios.
