La Superintendencia de Sociedades impuso una multa al representante legal de la empresa Aseo Plus Pereira S.A.S. E.S.P., luego de comprobar una serie de incumplimientos en sus deberes como administrador, relacionados principalmente con el manejo de los libros societarios y la rendición de cuentas de la compañía.

La entidad le impuso una multa por $11.552.000 a Hernán Alonso Giraldo Gómez, gerente y representante legal y a Angela Patricia Valencia Salazar, revisora fiscal, una multa por $4’620.800. 

La decisión se adoptó tras un proceso administrativo que inició formalmente el 4 de marzo de 2025, cuando la entidad formuló pliego de cargos contra Giraldo Gómez y Valencia Salazar.

Irregularidades

El eje central de la sanción está en que la empresa no llevó de forma adecuada dos documentos fundamentales: el libro de actas de la asamblea de accionistas y el libro de registro de accionistas.

En el caso del libro de actas, la Superintendencia evidenció múltiples inconsistencias: folios en blanco, anulados o no presentados, actas registradas en hojas sueltas y no en el libro oficial, y ausencia de registros completos pese a que existían hojas disponibles para su diligenciamiento.

Además, se detectó que varias decisiones del máximo órgano social no quedaron formalmente registradas, lo que afecta la validez probatoria de las actuaciones de la empresa.

Respecto al libro de accionistas, la entidad encontró que no estaba debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, contenía información incompleta, y presentaba inconsistencias frente a la composición real del capital social.

Entre las diferencias detectadas, se evidenciaron desajustes en el número de acciones asignadas a varios socios, lo que impedía establecer con claridad la propiedad de la empresa.

Durante el proceso, el propio investigado aceptó los cargos, reconociendo fallas en la gestión de estos documentos. Argumentó que la empresa, de carácter familiar, operó durante años bajo esquemas informales, aunque aseguró que las decisiones siempre se tomaron de buena fe.

Sin embargo, la Superintendencia fue enfática en que la informalidad no justifica el incumplimiento de la ley, especialmente en aspectos que garantizan la transparencia y seguridad jurídica en las sociedades.

El caso también escaló debido a otras omisiones detectadas en la administración de la empresa. Según la investigación, el representante legal no convocó oportunamente reuniones ordinarias de la asamblea, no presentó informes de gestión, ni rindió cuentas correspondientes a los ejercicios de 2021 y 2022.

Estas obligaciones son esenciales para que los accionistas conozcan el estado financiero de la compañía y participen en la toma de decisiones.

La Superintendencia concluyó que el representante legal incumplió su deber de garantizar el estricto cumplimiento de las normas legales y estatutarias, una obligación central para cualquier administrador de sociedades en Colombia.

El proceso avanzó hasta la imposición de la multa no solo por la gravedad de las irregularidades, sino porque las fallas eran reiteradas y estructurales, afectaban la transparencia de la empresa, y comprometían la confianza en la información societaria.

Aunque la empresa inició acciones para corregir las irregularidades, la autoridad consideró que estas medidas no eliminan la responsabilidad por los incumplimientos ya cometidos.

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